POLÍTICA PÚBLICA: ¿HECHA POR LA GENTE?
Un Gobierno Abierto se podría
definir como un gran edificio que se sustenta sobre tres pilares fundamentales:
transparencia, participación y responsabilidad. El principal objetivo es que el
gobierno trabaje con y para la gente; por lo que pretende combatir la
corrupción y aumentar la calidad de ámbitos que conciernen a todos, como la
educación, la sanidad y la seguridad.
En
primer lugar, la transparencia hace referencia a que la información sobre entes
administrativos sea accesible al público, salvo algunas restricciones muy
limitadas. Por supuesto, la transparencia está relacionada con el derecho
del público a conocer y acceder a la información; e incluye datos de todas
las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales, y de sus
distintas funciones y facetas públicas (legislativas, judiciales, etc.). En el
caso de España y de otros países se excluyen los secretos de Estado, con el fin
de preservar la seguridad y protección nacional, y datos personales, que puedan
violar la intimidad de ciertas personas o vayan en contra de la ley de
protección de datos personales. No obstante, uno de los principios de la
transparencia es que “el secreto es la excepción”, y estas excepciones deben
estar definidas por la ley del propio país. Salvo estas restricciones, el resto
de la información debe ser pública, de tal manera que se debe publicar
información considerada esencial para entender el funcionamiento de las
instituciones públicas, sin necesidad de una solicitud previa. En efecto, la
información pasa a ser de todos, por lo que debe ser libre para reutilizarse y
libre de cargas, es decir, no se ha de basarse en pagos o licencias para
conseguir la información, pues es algo que concierne a todos. Para facilitar
este proceso, y que los datos lleguen a todos, la información se debe ordenar
de manera clara, concisa y por fechas; ha de incluir las ramas ejecutiva,
legislativa y privada que cumplan con funciones públicas, y deben existir
formatos accesibles desde el punto de vista técnico (open formats) para conseguir un mayor acceso a la información y
mejorar su distribución. No obstante, no basta con la mera publicación de
datos, sino que estos se deben regir por un mecanismo de comprobación; o, dicho
de otra manera, un organismo independiente ha de revisar mediante
investigaciones que la información sea correcta.
En
segundo lugar, la participación se define como la participación e involucración
de los ciudadanos: el público puede tomar en consideración determinadas decisiones
y contribuir a nuevas ideas. En definitiva: puede participar de las decisiones
del gobierno. Por lo tanto, para ello, debe haber oportunidades, no solo de acceso
a la información para todos, sino también de participar en la toma de
deiciones, incluyendo a individuos, sociedades civiles y accionistas
particulares. La información debe ser clara, comprensible, transparente y
disponible para el público, para una participación efectiva; por lo que
transparencia y participación son conceptos más bien interrelacionados. De
igual manera, debe existir tiempo suficiente para acceder a la información,
procesarla y revisarla. Todo ello implica una interacción constante entre el
público y las entidades, mediante diversos formatos: no solo a través de
Internet, también mediante otros medios, como las conferencias. Se trata de que
el público, y en general los ciudadanos, tengan influencia en el proceso de la
toma de decisiones, lo que hace que aumente el pluralismo y dé al público una
sensación de “empoderamiento”.
Finalmente, la responsabilidad
abarca un buen comportamiento e integridad en la toma de decisiones, para lo
que, lógicamente, se requiere de reglas y regulaciones (para evitar comportamientos
corruptos). Para ello, es necesario un organismo independiente, que no mantenga
ningún tipo de vínculo con el Gobierno ni con cualquier administración pública.
Dicho organismo debe revisar, investigar y comprobar que los datos publicados
sean correctos, y que no haya malversación de fondos. Para conseguir un
funcionamiento correcto, esta supervisión puede llevarse a cabo mediante
infiltrados o soplones. En definitiva, este tipo de organismos deben encargarse
de que haya una transparencia y responsabilidad reales.
Fuente: Open Government Partnership
En
el caso concreto de España, se intenta perseguir este Open Government con la Ley de Transparencia 19/2013, a la que ya
hacíamos referencia en este blog en la entrada Información y cultura: de todos y para todos. Esta ley pretende
poner en práctica el artículo 105 de la Constitución Española, que dice así:
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Esta ley
está, por lo tanto, relacionada con el derecho de los ciudadanos a acceder y
solicitar información a las administraciones y asociaciones dependientes de
entes públicos. Por ejemplo, en la página oficial madrid.org aparecen toda una serie de estadísticas y boletines
oficiales, e incluso un único apartado titulado Transparencia, en el que los ciudadanos pueden solicitar
información de distintos tipos, como económica o jurídica. Esta solicitud ha de
realizarse sin establecer los motivos que llevan a ella, y las publicaciones se
realizarán directamente en la página web. No obstante, como ya mencionábamos en
la otra entrada de este blog, algunas asociaciones sostenían que esto era
insuficiente y reivindicaban cambios y nuevas peticiones. Entre estas nuevas
demandas encontramos una información más detallada en lo que respecta a
contextos locales, financiación política y procesos judiciales; así como un
acceso directo a datos sin la necesidad de realizar una solicitud. De igual
manera, pedían una mayor revisión, inspección y control de dichos datos.
Algunas de estas reclamaciones fueron llevadas a cabo por OKE o por la Coalición
Pro Acceso (Access Info Europe, APDHE,
Greenpeace España, etc.). Dentro de esta coalición, destaca sobre todo la
asociación Access Info Europe, pues,
de hecho, fue esta la que se preocupó en 2012 por definir el término de Gobierno Abierto y su importancia para
la sociedad civil. Por ello, inició un proyecto, y, a la altura de 2013, presentaron
su iniciativa a la OGP (Open Government Partnership). Además, ha participado en otros, junto con la Fundación Ciudadana Civio, como “¿Dónde van mis impuestos?” o
“España en llamas”.
Este tipo de demandas no son
exclusivas de España, sino que también se han dado en otros países, lo cual ha
dado lugar a una nueva legislación ligada al concepto de Open Government. De esta manera, el concepto de Gobierno Abierto se va adaptando a las
necesidades de cada país. Por ejemplo, en Tanzania, como el agua es un recurso
escaso, la población tiene la posibilidad de enviar mensajes al gobierno,
cuando la población se quede sin reservas de agua. En el caso de otros países,
como Chile o Brasil, los nuevos proyectos se han basado en combatir la
corrupción y en la publicación de datos sobre la financiación de los partidos
políticos. Por ejemplo, en Brasil, con sus denominados Presupuestos Abiertos, se realiza una publicación de gastos en
línea en tan solo veinticuatro horas. Algo parecido sucede en otros países,
como en México, con su denominado IFAI.
No obstante, como mencionábamos al
principio, la lucha contra la corrupción, aunque sea uno de los principales
objetivos del Open Government, no es
el único: aumentar la calidad de la educación, la sanidad y la seguridad
también se encuentran entre estos objetivos. Para ello, es importante la
transparencia, la participación y la responsabilidad: debe haber una
interacción entre los ciudadanos y el gobierno. Dos claros ejemplos de ello son
EEUU y Reino Unido. Por un lado, en EEUU los ciudadanos pueden captar
problemas, como puede ser un crimen o un accidente, con el móvil, y después
ponerse en contacto con el Gobierno, de tal forma que la respuesta del Gobierno
puede ser monitoreada en línea, por lo que esta es una vía para aumentar la
seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, en Reino Unido, entre la
información publicada por Open Data
(`Datos Abiertos´) hallamos algunos datos de tipo sanitario, como las
operaciones de corazón realizadas con éxito. Esta es una posibilidad de
realizar una comparación entre hospitales y de que aumente la competencia entre
ellos. De hecho, se calcula que así la tasa de supervivencia ha aumentado un
50%, por lo que se trata de un claro ejemplo en el que se ha conseguido
aumentar la calidad en la sanidad.
Algunos asociaciones, como Oaxtransparente, han llegado a realizar
afirmaciones como la siguiente: “la ecuación es sencilla: transparencia +
participación = rendición de cuentas, efectividad y eficiencia”. Está claro que
un Gobierno Abierto es un factor clave para la lucha contra la corrupción y la
mejora de ámbitos tan importantes, como la educación o la sanidad. Sin embargo,
enunciaciones como la mencionada, que parecen presentarse como “una fórmula
milagrosa”, se acercan al espacio de lo utópico, pues está claro que algunas de
estas medidas no han sido suficientes para lograr los objetivos deseados. Sin
ir más lejos, España se nos presenta como un ejemplo: la Ley de Transparencia
19/2013 no ha sido suficiente para acabar con la corrupción que azota con
fuerza en este país. Bárcenas, Rato o Urdangarín son buenos representantes del
lastre de la corrupción en la política española. De igual manera, las mareas
blanca y verde que han tenido lugar en España muestran el descontento de la
población civil hacia los recortes presupuestarios del Gobierno en los ámbitos
de la sanidad y la educación, por lo que son demandas en la mejora de la
calidad. Por ende, debemos tener cuidado con el doble filo de la Ley de
Transparencia, pues puede ser una mera herramienta del Gobierno para aumentar
la confianza de la población hacia este, cuando en realidad los supuestos
objetivos que se persiguen no se están llevando a la práctica. De igual manera,
el Gobierno Abierto puede fracasar por la otra cara de la moneda: los
ciudadanos. Es probable que haya una falta de participación activa, pues la Ley
de Transparencia en España no desembocó en la oleada masiva de solicitudes de
información pública que se esperaba; y está claro que el ciudadano medio no se
dedica a investigar los presupuestos y gastos del Gobierno. De esta manera, la
transparencia, la participación y la responsabilidad, aunque sean principios
básicos para el funcionamiento del sistema democrático, pueden fracasar si no
van acompañados por una serie de medidas, como un aumento de conciencia de la
población civil sobre su importancia o del denominado lobbying for transparency (“presión para la transparencia”).
Principales
referencias
