La chispa digital

POLÍTICA PÚBLICA: ¿HECHA POR LA GENTE?

Un Gobierno Abierto se podría definir como un gran edificio que se sustenta sobre tres pilares fundamentales: transparencia, participación y responsabilidad. El principal objetivo es que el gobierno trabaje con y para la gente; por lo que pretende combatir la corrupción y aumentar la calidad de ámbitos que conciernen a todos, como la educación, la sanidad y la seguridad.

En primer lugar, la transparencia hace referencia a que la información sobre entes administrativos sea accesible al público, salvo algunas restricciones muy limitadas. Por supuesto, la transparencia está relacionada con el derecho del público a conocer y acceder a la información; e incluye datos de todas las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales, y de sus distintas funciones y facetas públicas (legislativas, judiciales, etc.). En el caso de España y de otros países se excluyen los secretos de Estado, con el fin de preservar la seguridad y protección nacional, y datos personales, que puedan violar la intimidad de ciertas personas o vayan en contra de la ley de protección de datos personales. No obstante, uno de los principios de la transparencia es que “el secreto es la excepción”, y estas excepciones deben estar definidas por la ley del propio país. Salvo estas restricciones, el resto de la información debe ser pública, de tal manera que se debe publicar información considerada esencial para entender el funcionamiento de las instituciones públicas, sin necesidad de una solicitud previa. En efecto, la información pasa a ser de todos, por lo que debe ser libre para reutilizarse y libre de cargas, es decir, no se ha de basarse en pagos o licencias para conseguir la información, pues es algo que concierne a todos. Para facilitar este proceso, y que los datos lleguen a todos, la información se debe ordenar de manera clara, concisa y por fechas; ha de incluir las ramas ejecutiva, legislativa y privada que cumplan con funciones públicas, y deben existir formatos accesibles desde el punto de vista técnico (open formats) para conseguir un mayor acceso a la información y mejorar su distribución. No obstante, no basta con la mera publicación de datos, sino que estos se deben regir por un mecanismo de comprobación; o, dicho de otra manera, un organismo independiente ha de revisar mediante investigaciones que la información sea correcta.

En segundo lugar, la participación se define como la participación e involucración de los ciudadanos: el público puede tomar en consideración determinadas decisiones y contribuir a nuevas ideas. En definitiva: puede participar de las decisiones del gobierno. Por lo tanto, para ello, debe haber oportunidades, no solo de acceso a la información para todos, sino también de participar en la toma de deiciones, incluyendo a individuos, sociedades civiles y accionistas particulares. La información debe ser clara, comprensible, transparente y disponible para el público, para una participación efectiva; por lo que transparencia y participación son conceptos más bien interrelacionados. De igual manera, debe existir tiempo suficiente para acceder a la información, procesarla y revisarla. Todo ello implica una interacción constante entre el público y las entidades, mediante diversos formatos: no solo a través de Internet, también mediante otros medios, como las conferencias. Se trata de que el público, y en general los ciudadanos, tengan influencia en el proceso de la toma de decisiones, lo que hace que aumente el pluralismo y dé al público una sensación de “empoderamiento”.

Finalmente, la responsabilidad abarca un buen comportamiento e integridad en la toma de decisiones, para lo que, lógicamente, se requiere de reglas y regulaciones (para evitar comportamientos corruptos). Para ello, es necesario un organismo independiente, que no mantenga ningún tipo de vínculo con el Gobierno ni con cualquier administración pública. Dicho organismo debe revisar, investigar y comprobar que los datos publicados sean correctos, y que no haya malversación de fondos. Para conseguir un funcionamiento correcto, esta supervisión puede llevarse a cabo mediante infiltrados o soplones. En definitiva, este tipo de organismos deben encargarse de que haya una transparencia y responsabilidad reales.

Fuente: Open Government Partnership

En el caso concreto de España, se intenta perseguir este Open Government con la Ley de Transparencia 19/2013, a la que ya hacíamos referencia en este blog en la entrada Información y cultura: de todos y para todos. Esta ley pretende poner en práctica el artículo 105 de la Constitución Española, que dice así:

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Esta ley está, por lo tanto, relacionada con el derecho de los ciudadanos a acceder y solicitar información a las administraciones y asociaciones dependientes de entes públicos. Por ejemplo, en la página oficial madrid.org aparecen toda una serie de estadísticas y boletines oficiales, e incluso un único apartado titulado Transparencia, en el que los ciudadanos pueden solicitar información de distintos tipos, como económica o jurídica. Esta solicitud ha de realizarse sin establecer los motivos que llevan a ella, y las publicaciones se realizarán directamente en la página web. No obstante, como ya mencionábamos en la otra entrada de este blog, algunas asociaciones sostenían que esto era insuficiente y reivindicaban cambios y nuevas peticiones. Entre estas nuevas demandas encontramos una información más detallada en lo que respecta a contextos locales, financiación política y procesos judiciales; así como un acceso directo a datos sin la necesidad de realizar una solicitud. De igual manera, pedían una mayor revisión, inspección y control de dichos datos. Algunas de estas reclamaciones fueron llevadas a cabo por OKE o por la Coalición Pro Acceso (Access Info Europe, APDHE, Greenpeace España, etc.). Dentro de esta coalición, destaca sobre todo la asociación Access Info Europe, pues, de hecho, fue esta la que se preocupó en 2012 por definir el término de Gobierno Abierto y su importancia para la sociedad civil. Por ello, inició un proyecto, y, a la altura de 2013, presentaron su iniciativa a la OGP (Open Government Partnership). Además, ha participado en otros, junto con la Fundación Ciudadana Civio, como “¿Dónde van mis impuestos?” o “España en llamas”.

Este tipo de demandas no son exclusivas de España, sino que también se han dado en otros países, lo cual ha dado lugar a una nueva legislación ligada al concepto de Open Government. De esta manera, el concepto de Gobierno Abierto se va adaptando a las necesidades de cada país. Por ejemplo, en Tanzania, como el agua es un recurso escaso, la población tiene la posibilidad de enviar mensajes al gobierno, cuando la población se quede sin reservas de agua. En el caso de otros países, como Chile o Brasil, los nuevos proyectos se han basado en combatir la corrupción y en la publicación de datos sobre la financiación de los partidos políticos. Por ejemplo, en Brasil, con sus denominados Presupuestos Abiertos, se realiza una publicación de gastos en línea en tan solo veinticuatro horas. Algo parecido sucede en otros países, como en México, con su denominado IFAI.

No obstante, como mencionábamos al principio, la lucha contra la corrupción, aunque sea uno de los principales objetivos del Open Government, no es el único: aumentar la calidad de la educación, la sanidad y la seguridad también se encuentran entre estos objetivos. Para ello, es importante la transparencia, la participación y la responsabilidad: debe haber una interacción entre los ciudadanos y el gobierno. Dos claros ejemplos de ello son EEUU y Reino Unido. Por un lado, en EEUU los ciudadanos pueden captar problemas, como puede ser un crimen o un accidente, con el móvil, y después ponerse en contacto con el Gobierno, de tal forma que la respuesta del Gobierno puede ser monitoreada en línea, por lo que esta es una vía para aumentar la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, en Reino Unido, entre la información publicada por Open Data (`Datos Abiertos´) hallamos algunos datos de tipo sanitario, como las operaciones de corazón realizadas con éxito. Esta es una posibilidad de realizar una comparación entre hospitales y de que aumente la competencia entre ellos. De hecho, se calcula que así la tasa de supervivencia ha aumentado un 50%, por lo que se trata de un claro ejemplo en el que se ha conseguido aumentar la calidad en la sanidad.

Algunos asociaciones, como Oaxtransparente, han llegado a realizar afirmaciones como la siguiente: “la ecuación es sencilla: transparencia + participación = rendición de cuentas, efectividad y eficiencia”. Está claro que un Gobierno Abierto es un factor clave para la lucha contra la corrupción y la mejora de ámbitos tan importantes, como la educación o la sanidad. Sin embargo, enunciaciones como la mencionada, que parecen presentarse como “una fórmula milagrosa”, se acercan al espacio de lo utópico, pues está claro que algunas de estas medidas no han sido suficientes para lograr los objetivos deseados. Sin ir más lejos, España se nos presenta como un ejemplo: la Ley de Transparencia 19/2013 no ha sido suficiente para acabar con la corrupción que azota con fuerza en este país. Bárcenas, Rato o Urdangarín son buenos representantes del lastre de la corrupción en la política española. De igual manera, las mareas blanca y verde que han tenido lugar en España muestran el descontento de la población civil hacia los recortes presupuestarios del Gobierno en los ámbitos de la sanidad y la educación, por lo que son demandas en la mejora de la calidad. Por ende, debemos tener cuidado con el doble filo de la Ley de Transparencia, pues puede ser una mera herramienta del Gobierno para aumentar la confianza de la población hacia este, cuando en realidad los supuestos objetivos que se persiguen no se están llevando a la práctica. De igual manera, el Gobierno Abierto puede fracasar por la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es probable que haya una falta de participación activa, pues la Ley de Transparencia en España no desembocó en la oleada masiva de solicitudes de información pública que se esperaba; y está claro que el ciudadano medio no se dedica a investigar los presupuestos y gastos del Gobierno. De esta manera, la transparencia, la participación y la responsabilidad, aunque sean principios básicos para el funcionamiento del sistema democrático, pueden fracasar si no van acompañados por una serie de medidas, como un aumento de conciencia de la población civil sobre su importancia o del denominado lobbying for transparency (“presión para la transparencia”).